Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México, 17 abril 2026.- El censo oficial levantado tras las inundaciones en Torres de Potrero destapó una realidad alarmante: 9 de 11 viviendas con daños graves, afectaciones estructurales y pérdidas materiales que pudieron evitarse con una estrategia preventiva eficaz en la alcaldía Álvaro Obregón.
La intervención de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana llegó con 13 funcionarios para documentar los daños, pero no para impedirlos. La narrativa oficial presume atención oportuna, pero los hechos apuntan a lo contrario.
Bajo la administración de Javier López Casarín, las emergencias hidráulicas parecen operar bajo lógica de contención mediática más que de prevención técnica. Las viviendas registraron niveles de agua de hasta 100 centímetros o más, un indicador claro de fallas en drenaje, mantenimiento y planeación.
El levantamiento de cédulas con semáforo de afectación (verde, naranja, rojo y morado) documenta la magnitud del problema, pero también exhibe la ausencia de protocolos eficaces para evitar que el agua alcance niveles críticos dentro de los hogares.
A esto se suma un dato preocupante: algunas viviendas no pudieron ser inspeccionadas por conflictos o desconfianza hacia la autoridad, reflejo de una relación deteriorada entre vecinos y gobierno local.
Mientras algunas familias reportaron visitas de aseguradoras o apoyos económicos, otras enfrentan la incertidumbre total. La desigualdad en la atención vuelve a marcar la pauta.
Torres de Potrero no es un caso aislado, sino un síntoma de un sistema hidráulico rebasado y una gestión que llega tarde. La administración de Javier López Casarín enfrenta así una creciente presión: pasar del discurso de atención ciudadana a resultados reales antes de que la próxima lluvia vuelva a exhibir las mismas fallas.
