- La nueva figura existente en las 16 Alcaldías tiene una función específica que la ciudadanía debe conocer, como parte del ejercicio de gobierno abierto
La Diputada por Morena en la capital, Guadalupe Aguilar Solache, presentó ante el Pleno del Congreso local un Dictamen previamente aprobado en la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, por medio del cual se plantea adicionar una fracción XXV bis, al artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Con la propuesta se busca que las autoridades de las 16 demarcaciones territoriales hagan pública, «la información relativa a los recursos materiales y humanos destinados a los Consejos, desagregados por cada persona concejal, así como la información relacionada con los espacios físicos de que disponen», explicó Aguilar Solache durante la sesión virtual del cuerpo legislativo.
De acuerdo con la Congresista, la transparencia y la rendición de cuentas, han permitido que la ciudadanía tenga la capacidad de exigir con más claridad debido a un mayor involucramiento en los asuntos públicos.
Aguilar Solache añadió que esta nueva figura de Concejales se sustenta en el Artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México y se rige mediante diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías, donde se establece que quienes ostenten ese cargo no sólo toman parte en las decisiones importantes de cada demarcación, sino que además son acreedores a recursos para el desempeño de sus funciones lo que les obliga a transparentar sus actividades y rendir cuentas al respecto.
No obstante, lamentó, que la ciudadanía no tiene conocimiento claro sobre las tareas que desempeñan y los recursos requeridos para ello, lo que otorga relevancia a la propuesta que busca disipar esas interrogantes para la comunidad.
La redacción de la Ley de Acceso a la Información, comentó, permite dar a conocer diversos aspectos del trabajo de los Concejales; su directorio, los reglamentos, bandos y acuerdos que aprueban; sin embargo, resulta insuficiente en lo que a uso y aplicación de recursos se refiere, como lo indica la Ley Orgánica de Alcaldías en su Artículo 82.
La propuesta pretende también dar certidumbre a las Concejalías, pues con ello se les garantizan las herramientas necesarias para desempeñar su labor, además podrán determinar si el recurso que les otorgan las Alcaldías es suficiente para su trabajo.
