Con la resolución pendiente sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del primer tramo del Tren Maya, la Semarnat y Fonatur firmaron un convenio marco para formalizar la creación de un grupo de trabajo técnico-jurídico, «que deberá estar conformado en un plazo máximo de 30 días».
«Dar seguimiento a los estudios de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, riesgo ambiental, atención de pasivos ambientales y cualquier otro que, conforme a la legislación aplicable en la materia, sea necesario para el desarrollo de este proyecto emblemático del Gobierno de México», detalla el documento.
María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), destacó que los proyectos de la Cuarta Transformación tienen un sentido social, por lo que todos los organismos del sector ambiental buscan colaborar para asegurar que se respete la normatividad vigente.
Indicó que un eje importante en el paso del Tren Maya, son las 15 áreas naturales protegidas, que son espacios de vida de muchas comunidades en donde se pretende desarrollar proyectos sustentables en los que las personas sean el centro de atención.
En su oportunidad, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, señaló que este acuerdo marca una nueva etapa de colaboración para hacer del Tren Maya un proyecto con un ordenamiento territorial distinguido por su modelo de desarrollo, más incluyente en lo social y más responsable en la parte ambiental.
Señaló que no se trata de un proyecto más de infraestructura, ya que cuenta con una visión integral de desarrollo que busca cambiar las condiciones de vida de la población.
JUEZ Y PARTE
Desde el pasado 25 agosto, la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tren Maya en su primer tramo se encuentra suspendida, debido a que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, solicitó a Fonatur información adicional, por lo que su análisis se retomará en cuanto se cuente con los datos necesarios.
De tal forma, que las obras que contempla este proyecto no se pueden realizar hasta que no se cuente con la autorización correspondiente, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tendría que realizar una inspección y clausurar los trabajos irregulares.
