Representantes de comunidades indígenas, organizaciones y colectivos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, estados por donde va a cruzar el Tren Maya, demandaron a los poderes Ejecutivo y Judicial federales respetar la suspensión definitiva que otorgó el jueves pasado la Juez Primero de Distrito de Campeche para detener la construcción de esta obra en el tramo 2 que va de Escárcega a Calkiní.
En conferencia de prensa virtual, Xavier Martínez Esponda, director técnico operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), precisó que el amparo obliga a las constructoras a no avanzar en obras nuevas como es el caso de la rehabilitación de vías, estaciones, relleno de cenotes, edificación de polos de desarrollo y remoción de vegetación, entre otras.
“La juez considera que hay argumentos suficientes para considerar que de continuarse con las obras se podría generar un daño irreparable al medio ambiente y que por tanto es procedente en términos de lo que ordena la constitución y de la ley de amparo conceder la medida cautelar para abstenerse de realizar obras nuevas”
El director del CEMDA informó que, en la demanda de amparo, los defensores del medio ambiente, comunidades indígenas y ciudadanos aseguraron al juez que el proyecto del tren maya fragmentará los ecosistemas que hoy existen en la Península de Yucatán, particularmente los corredores biológicos y las áreas naturales protegidas. Situación que no se evaluó bien en el Estudio de Impacto Ambiental que se le entregó la Semarnat.
“Hacemos dos peticiones concretas: la primera al Gobierno Federal para que acate cabalmente esta suspensión, se abstenga de realizar obras nuevas, todas las que deriven de la autorización de impacto ambiental porque esta autorización de impacto ambiental es objeto de esta suspensión.
“Una segunda petición es al Poder Judicial de la Federación a que con sus ojos pueda estar atento y vigilante a que no se generen mayores daños porque de no estar atento y se siguieran las obras que pudieran provocar otros daños que causaría la irreparabilidad y no tendría mucho sentido emitir una sentencia que no pueda cumplirse”, sostuvo.
Aurora Beltrán, defensora ambiental de Quintana Roo, reiteró que como se lleva a cabo el proyecto, su esquema de desarrollo es incompatible con los derechos humanos de la sociedad y en particular de los pueblos indígenas pues no protege su derecho al medio ambiente sano.
“Estamos convencidos por toda la información que existe que se generarán graves impactos tanto ambientales como sociales porque este tren no solo incluye las vías y sus estaciones sino la creación de grandes polos de desarrollo.
“Este proyecto promueve la especulación de la tierra para construir ciudades nuevas, hoteles, construcciones inmobiliarias y va a acrecentar de manera exponencial los asentamientos humanos y las actividades turísticas”.
Por otra parte, Genomelín López de Calakmul dijo que es fundamental que el gobierno respete la decisión del juez de suspender los trabajos en este tramo 2 en Campeche en tanto no se informe claramente a las comunidades los impactos ambientales y sociales que tiene la obra.
