• Onel Ortiz es analista político y parte de la 4T
Si todo marcha de acuerdo a lo anunciado, esta semana la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que el Presidente de la República envío a la Cámara de Diputados con carácter de preferente el pasado 1º de febrero, quedará aprobada por la mayoría de Morena y PT en ambas cámaras del Congreso de la Unión. El Poder Ejecutivo la promulgará y se abrirá un intenso y largo periodo de disputa en tribunales locales e internacionales.
¿Qué cambia esta reforma? Pretende modificar los artículos 3, fracciones V, XII y XIV; 4, párrafo primero y fracciones I y VI; 12, fracción I; 35, párrafo primero; 53; 101; 108, fracciones V y VI, y 126, fracción II y se adiciona una fracción XII bis al 3. La iniciativa dice que la nueva política energética demanda ajustes a la ley de la industria eléctrica: que el sistema del despacho de los generadores eléctricos, impuesto a través de la emisión de dicha ley, es uno de los mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El Gobierno considera que reformarlo resulta imperativo.
De esta manera, el despacho de las centrales eléctricas, quedaría de la siguiente manera: las hidroeléctricas de la CFE serán despachadas en primer término, de acuerdo a los volúmenes de agua definido por el Comité Técnico de Operaciones Hidráulicas, de conformidad con el decreto por el que se establecen las medidas de coordinación que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal, para el manejo de presas y la reducción de desastres por inundaciones de la cuenca del Río Grijalva, y su relación en el control y despacho de generación eléctrica, con sentido social y de protección civil, publicado en el diario oficial de la Federación el 1º de diciembre de 2020.
En segundo término, se despacharán las centrales eléctricas de la CFE, tales como la nuclear, las geotérmicas, los ciclos combinados y las termoeléctricas. Posteriormente, se despacharán la central de ciclos combinados de productores independientes de energía amparadas por contratos suscritos en los términos de la abrogada ley del servicio público de energía eléctrica. En tercer término, se despachará las centrales eléctricas públicas y solares de particulares. En cuarto término, se despacharán las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares y el resto de los generadores de otras tecnologías.
La reforma tiene como propósito garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios que únicamente será actualizados en razón de la inflación. Esto, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual contrato legado de la CFE y con el diseño de un nuevo contrato de entrega física de energía y capacidad de red.
Con esta reforma, además de las demandas, es probable que varias de las empresas extranjeras generadoras de energía se vayan del país. La CFE adquiere el enorme reto de su transformación, no para atarse al pasado como la empresa paraestatal que fue, sino como un empresa nacional y estratégica del futuro.
Considero indispensable que los contratos con las empresas privadas generadoras de energía beneficien realmente al país, que sean transparentes y libres de corrupción. También soy partidario de la generación de energías limpias. Es imposible seguir atados al carbón y al gas natural para la generación de electricidad. Esta reforma, debe ser apenas el inicio de una estrategia nacional de energía integral y de largo plazo. Ya lo veremos.
Twitter: @onelortiz
Facebook: Onel Ortiz
