Por Arturo Gutiérrez
Ciudad de México, 08 abril 2026.— Lo ocurrido en San Antonio Abad no fue un accidente inevitable. Para legisladores del PAN en el Congreso capitalino, se trató de una consecuencia directa de una ley mal diseñada que permite omisiones, discrecionalidad y fallas de supervisión.
La diputada Liz Salgado Viramontes, junto con el coordinador Andrés Atayde, presentó una iniciativa para reformar de fondo la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México, señalando que el marco actual “relaja requisitos esenciales y deja la seguridad a criterio de interpretaciones”.
El señalamiento apunta a un problema estructural: bajo el argumento de agilizar procesos, se han flexibilizado normas que deberían ser inamovibles, especialmente en materia de protección civil y seguridad estructural.
Entre las fallas detectadas destacan la inexistencia de mecanismos claros de vigilancia, la falta de coordinación entre autoridades y la posibilidad de que acuerdos administrativos se impongan por encima de la ley, debilitando la jerarquía normativa.
La propuesta busca revertir este escenario con medidas concretas: establecer requisitos obligatorios para demoliciones, como proyectos estructurales firmados, protección de colindancias y pólizas de responsabilidad civil; además de sancionar a autoridades que permitan irregularidades por acción u omisión.
También plantea transparentar todo el proceso de reconstrucción mediante un registro público accesible a la ciudadanía, con el fin de evitar opacidad y detectar riesgos antes de que se conviertan en tragedias.
Uno de los puntos más críticos es la falta de cobertura para inmuebles no habitacionales, lo que deja fuera a múltiples edificaciones que, como en este caso, no encajan claramente en el marco legal y quedan expuestas a vacíos regulatorios.
La advertencia es contundente: mientras no se corrijan estas fallas, la reconstrucción en la Ciudad de México seguirá operando con zonas grises que pueden traducirse en riesgos reales para la población.
La discusión ahora está sobre la mesa. Lo que está en juego no es sólo una reforma legal, sino la posibilidad de evitar que tragedias como la de San Antonio Abad se repitan.
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