Redacción
Ciudad de México, 6 de agosto de 2025.- El Congreso de la Ciudad de México se alista para discutir una de las iniciativas más polémicas del próximo periodo extraordinario: la llamada Ley Antifraneleros. Impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, esta reforma a la Ley de Cultura Cívica busca enfrentar un problema urbano tan cotidiano como incómodo: la apropiación ilegal de la vía pública por parte de personas que exigen pagos por estacionar vehículos.
La propuesta establece sanciones más severas: arresto inconmutable de 24 a 36 horas, multas de hasta 1,500 pesos, trabajo comunitario, y en los casos más graves —cuando haya extorsión, robo o violencia—, penas de prisión que podrían ir de 3 hasta 15 años.
Más allá del castigo, la iniciativa contempla un enfoque integral: censo de franeleros, programas de empleo y capacitación, y proyectos productivos para ofrecer alternativas laborales. No obstante, hay dudas legítimas sobre la viabilidad de esta reintegración, y más aún, sobre la capacidad del gobierno para desmontar las redes de corrupción que han permitido que esta práctica se normalice por años.
El problema no es nuevo, y las quejas ciudadanas no han cesado: cobros arbitrarios, intimidación, y en muchos casos, tolerancia o colusión de autoridades locales. El proyecto reconoce este último punto y propone sanciones también para servidores públicos cómplices, aunque no queda claro cómo se hará cumplir esta parte.
La intención es clara: recuperar el espacio público. Pero la ejecución exigirá más que reformas legales. ¿Puede una estructura institucional débil aplicar una ley dura con equidad? Esa es la gran incógnita.
