CDMX, 07 octubre 2020.- Ileana Villalobos Estrada, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), denunció los actos de corrupción que se propiciaron desde los anteriores gobiernos y que produjeron un desorden en materia de vivienda y desarrollo urbano en la capital.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso capitalino, en el marco de la Glosa del II Informe de Gobierno, indicó que se detectaron autorizaciones y dictámenes firmados por autoridades no competentes, sin que mediaran denuncias administrativas y penales para sancionarlas.
A manera de ejemplo recordó el caso del certificado de uso de suelo de la Presa Anzaldo, emitido durante 2016 y en el que, hasta ahora, se implementó un juicio de lesividad.
La titular de la Seduvi aseveró que esa dependencia trabaja para cumplir los objetivos de la actual administración, que consisten en redireccionar el desarrollo urbano y la política de vivienda, “bajo la guía de un programa de gobierno concentrado en coadyuvar al ejercicio de derechos de los habitantes, la equidad social y la sustentabilidad urbana, respondiendo a los fines y características del ordenamiento territorial que mandata la Constitución Política de la Ciudad de México”.
Sobre la política en esta materia, Villalobos Estrada, dio cuenta de que, en el modelo de reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se trabaja en conjunto con la Comisión de Reconstrucción, por lo que a la fecha se contabiliza la conclusión de 195 viviendas en cinco predios, y se avanza en 266 viviendas más, en seis predios.
Agregó que el Instituto de Vivienda (INVI) ha ejecutado 15 mil 787 acciones de vivienda, en beneficio de más de 31 mil 700 personas, y se trabaja en el desarrollo de programas especiales de vivienda, como es el caso del Centro Histórico, «donde se tienen contempladas 572 acciones, en al menos 18 inmuebles, de los cuales se han concluido 3 proyectos y se reporta un avance superior al 80 por ciento”.
Con la representación del diputado Fernando Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, la legisladora Paula Soto, de MORENA, presidió la sesión en la que denunció que por urgencia de alcanzar orden en el desarrollo urbano, a lo largo de administraciones anteriores, se provocó el desmedido encarecimiento del suelo.
Indicó que aún persisten demandas ciudadanas que deben ser atendidas, y preguntó cuántos son los polígonos de actuación autorizados, en cuántos casos de los 48 polígonos irregulares se dio vista al Órgano de Control Interno o al Ministerio Público y cuáles son los resultados.
En tanto, el diputado Federico Döring Casar (PAN) criticó las 26 mil 620 acciones, y dijo que están por debajo de la meta planteada para esta administración, e hizo énfasis en las 11 mil 300 viviendas nuevas en dos años; en cuanto avisos de obra del INVI resaltó que sólo hay 65; respecto a los dictámenes de impacto urbano resaltó que hayan 68 positivos y 21 negativos, cuando a los refrendos de los peritos responsables de obra, preguntó porque se han otorgado 521 en 2019 y 435 este año, y que desde 2015 la dependencia que hoy encabeza no ha negado ninguno cuando existen claras denuncias de corrupción, además del número de juicios de lesividad que la dependencia a perdido.
En su oportunidad el diputado priista, Tonatiuh González Case, dijo en el marco de la crisis sanitaria la vivienda es un espacio de cobijo que protege no sólo de la intemperie, sino que da el distanciamiento necesario para evitar contagios. Preguntó cuáles han sido las acciones para garantizar vivienda a los ciudadanos, cuáles son los proyectos de vivienda popular que se tienen contemplados, cómo vinculan las acciones de reconstrucción con el INVI y el Instituto de Vivienda local.
