Por presuntos actos de defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito, entre otros señalamientos, una denuncia penal en contra de la diputada local Olga Lucía Romero Garci Crespo fue ingresada el pasado 20 de enero, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).
La querella interpuesta por un grupo de abogados ante la ventanilla única de atención, quedó registrada con el número FGR/SEIDO/VUA/62/2021, misma que en una parte a la cual tuvo acceso este medio de comunicación, se refiere a la legisladora con el nombre de Olga Lucía Caballero Garci Crespo y señala que “se hace llamar Olga Lucía Romero Garci Crespo”, sin abundar en detalles sobre la duplicidad del nombre.
La denuncia refiere que, como diputada local ha realizado actividades y cobrado comisiones por conseguir apoyos con recursos federales y locales a diversos municipios, especialmente en Cañada Morelos, con el fin de obtener recursos para el financiamiento de su carrera política.
El documento incluye además al esposo de la legisladora, Edgar A., con quien señala, abrió dos restaurantes antes de iniciar su gestión como diputada local, “negocios que no han sido transparentados por la servidora pública conforme a la ley, así como tampoco los ingresos que hubiese obtenido de dichos restaurantes e incluso, a nivel de las declaraciones del patrimonio que se realiza anualmente como servidora pública”.
La parte acusadora, explica que desde que Romero Garci Crespo es legisladora y funcionaria pública, “han incrementado sus bienes y patrimonio inexplicablemente en franca desproporción a sus percepciones lícitas, manteniendo un nivel económico o de vida que no es acorde con el salario de un servidor público, realizando erogaciones superiores a los ingresos obtenidos legalmente y declarados a la hacienda pública”.
Por otra parte –acusa- existen indicios que indican que ha obtenido recursos económicos, en numerario y en especie, fuera de su fuente legal de ingresos como servidora pública, los cuales, además de no haber pagado impuestos, podrían constituir hechos de corrupción, derivados de su función como servidora.
Entre los argumentos sostenidos en la denuncia, destaca presunto tráfico de influencias en Cañada Morelos, con base en señalamientos realizados en noviembre de 2018 por la regidora Margarita Serrano, quien dijo haber interpuesto una denuncia con folio 3365/2018, ante la Fiscalía General del Estado, en contra del entonces presidente del Concejo Ciudadano, David Cid Huerta, por actos de violencia política, amenazas e intimidación, así como por hostigamiento de la diputada morenista, quien respalda políticamente al funcionario.
Otros señalamientos en contra de la representante del Distrito 25 con cabecera en Tehuacán Sur, refieren la existencia de otra denuncia por presuntos delitos de casas de juegos, trata de personas, lavado de dinero y falsificación de documentos.
Por lo anterior, la denuncia afirma que “Olga Lucía Caballero Garci Crespo y su esposo han ocultado el producto de una actividad ilícita, consistentes en los hechos de corrupción, ingresos obtenidos ilícitamente y de la cuota defraudatoria de impuestos, utilizándolo para adquirir bienes y promover su imagen pública, por lo que resulta claro que pudieran estar cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el Código Penal Federal”.
