EL abogado Rodolfo Pérez Velázquez, apoderado de la Familia de Estela Romero Bringas y Alfonso y Miguel Ángel Celis Romero informa:
A LA COMUNIDAD DE PUEBLA Y DE TEHUACÁN
Olga Lucía Romero Garcí-Crespo, diputada local y Alfonso Fernández Santiago presentan pruebas falsas para “intentar” obtener dinero ilegítimamente.
Para que la comunidad de Tehuacaneros se de cuenta de la magnitud de las pruebas falsas presentadas por el médico que trabaja para la empresa de Alfonso Fernández Santiago y amigo de la diputada Olga Lucía Romero Garcí-Crespo, basta citar el documento que, sin respetar las leyes sobre datos personales, presentó como informe a la diputada y firmó ante Notario señalando en los hechos que le dio una sobredosis de Midazolam o Dormicum (5 miligramos cada 8 horas, según afirma el entonces médico general), lo que excede en muchas veces la dosis permitida y que de haber sido administrada hubiera de manera inmediata terminado con la vida de una persona de 93 años con menos de 45 kg de peso. Es decir, el médico Guillermo Úlises González Hernández afirma ante notario que el recetó fuera de un ambiente hospitalario una droga que causó la muerte de la Señorita Socorro Romero Sánchez. Esto es lo que concideran la diputada y sus abogados “la prueba reina” de su juicio. Al respeto, entonces habría que abrir esa línea de investigación.
Lo anterior, para intentar justificar que la Señorita no podía otorgar un testamento, pues estaba inconsiente. Esto, además es un hecho que no le puede constar al médico, por no haber estado presente ni a las supuestas enfermeras que nunca estuvieron con la Señorita en ese momento.
Los verdaderos hechos, en cambio, sí le constan, a varios de los trabajadores de la Señorita, a su familia y su propio confesor, además de los testigos del testamento. Estos son los testigos idóneos que no han sido llamados en el proceso civil ni en la carpeta de investigación penal.
Se tiene noticia por la investigación privada de la defensa que la diputada esta siendo apoyada por los abogados Eduardo Amerena Minvielle y Roberto Gil Zuarth, quien se ha convertido en una persona cercana al gobierno de Puebla.
Resulta lamentable solicitar al Ministerio Público de la Unidad de Recursos de Procedencia ilícita que secuestren y aseguren los libros que contienen el testamento de la Señorita para evitar que se pueda desarrollar la prueba en grafoscopia dentro del juicio de nulidad testamentaria, violando la ley del notariado del Estado de Puebla; también ocultar durante 5 años el fallido juicio intestamentario, donde actuó de manera ilegal la jueza Blanca Laura Olliver Palacios en contubernio con su esposo el abogado Roberto Medina, quien a pesar de conocer dichas irregularidades y con un claro conflicto de interés acepto el patrocinio de la familia Celis Romero, irregularidades que destacó en dicha juicio desde el inicio el Notario 2 de Tehuacán, Puebla.
Es contraria a los derechos humanos la amenaza de la existencia de una orden de aprehensión, la cual se desprende también de la columna de Dario Celis en el Financiero, en la que señala que Miguel Ángel Celis Romero huyó en un helicóptero, lo cual no sucedió. Es claro que esta amenaza es para evitar que las personas que se deben presentar al juicio civil de nulidad no acudan al juzgado y tener por ciertos las afirmaciones falsas de la diputada.
La defensa cuenta con todos los elementos para demostrar que efectivamente la Señorita, en presencia de los testigos, que ella escogió, ante el notario que ella designo, determino su ultima voluntad y que la opinion del citado medico Guillermo Úlises González Hernández es totalmente falsa y sin sustento. Todos esos testigos deben ser llamados en los juicios y en las carpetas de investigación penal.
Por otra parte y como es de conocimiento público no es solamente Estela Romero Bringas y sus hijos Alfonso y Miguel Ángel, quienes obtuvieron la mayoría de los bienes de la Señorita sino también su sobrino, socio y empreasario Gustavo Romero Bringas quien administra las empresas PATSA, El Calvario, Hoteles Solaris, así como Aceítes y Proteínas El Calvario.
En resumen se pide a la autoridad el respeto del Estado de derecho y el que no se permita que nadie actúe de manera ilegal y contra los derechos humanos en el Estado, incluyendo a la presidenta de la Comisión de Inspección del Congreso del Estado de Puebla, Mónica Caballero Garcí-Crespo, hoy conocida como Olga Lucía Romero Garcí-Crespo, quién ha hecho conjuntamente con los abogados citados en pleno conflicto de interés un abuso de poder y tráfico de influencias, algunos de los cuales hoy trabajan en el Gobierno del Estado de Puebla.
