¿Qué pasa en el Estado de México? Obtener el famoso Dictamen Único de Factibilidad (DUF) pasa por entregar muchos miles de pesos.
Para quien no le entra con el ‘moche’ el trámite no avanza, queda cancelado o de plano no es recibido.
El DUF es de vital importancia para los empresarios e inversionistas, pues se trata del documento que expide la Comisión Estatal de Factibilidad y que reúne las evaluaciones técnicas en materia de Protección Civil; Medio Ambiente; Agua; Desarrollo Económico; Comunicaciones; Salud; Movilidad; Comercial Automotriz; Desarrollo Urbano y Vivienda; y la calidad de vida. Así de fundamental.
Además, el DUF es de carácter permanente.
Algunos ya preparan una petición al Gobernador Alfredo del Mazo para que monte un operativo y la fiscalía o la policía, o quien sea, pueda detener a todos los involucrados en esa red que obtiene millonarias sumas por un trámite que debería ser entregado sin extorsión.
Para obtener el documento, los empresarios deben anunciar la apertura, instalación, operación o ampliación que requieran, pero ahora se les piden cuotas según el proyecto.
La red opera y soborna con cantidades estratosféricas de dinero para tramitar el DUF o bien envían inspectores para solicitarles dicho trámite y en caso de no tenerlo o estar desactualizado amedrentan con suspensiones y clausuras a las empresas o negocios.
Antes estaba la toda-poderosa Ana Laura Martínez Moreno, ahora nombrada Directora General de Política e Inclusión Laboral, y la subdirectora Bárbara Figueroa Espinosa.
Bajo ese escenario, los empresarios y cámaras ya están en franco hartazgo por la corrupción que priva en las oficinas estatales.
Es evidente que el trámite se ha convertido en la “caja chica”, a partir de la extorsión abierta.
Ahora está Miguel Ángel Franco, subdirector de autorizaciones urbanas, quien está operando los asuntos de Martínez Moreno; quien, por ejemplo, pide “moche” promedio de 40 mil pesos por vivienda autorizada.
El empresario debe, primero, pasar al departamento de integración del expediente, a cargo de Rosendo Tapia de la Cruz, jefe de departamento de integración documental, quien rechaza todo y expone la no viabilidad del proyecto.
De ahí, el empresario es enviado con Bárbara Figueroa y ella con Franco.
Así, la red de extorsionadores se integra por Bárbara Figueroa Espinoza, Jesús Escorcia Sánchez, Miguel Ángel Franco Varas, Rosendo Tapia de la Cruz, quienes cuando son descubiertos coaccionan con despachos privados de gestoría.
Así las cosas, a casi seis meses del inicio de la pandemia y con la incertidumbre de la recuperación económica, los empresarios deben batallar con la red de extorsionadores, amparados en el DUF.
