Dr. Fredy Erazo Juárez, Abogado Constitucionalista
“La educación a distancia garantiza el ciclo escolar y resguarda la vida y la salud de los estudiantes, esa debe ser la prioridad”.
Siempre habrá voces que pensarán distinto, sin duda esto es deseable, es parte de vivir en un país democrático.
En una democracia depositamos el poder en nuestros representantes y estos deben de vigilar y tomar decisiones de lo que sea mejor para el país y sus habitantes en el marco de la ley y de la justicia, principalmente velando por garantizar los derechos humanos y proteger a los grupos vulnerables, en estos casos nuestras autoridades tienen que actuar por el bien de las mayorías.
Es de destacar que en el contexto de la pandemia de COVID-19, mientras algunos países decidieron regresar a clases presenciales y después tuvieron que cerrar nuevamente a causa de los rebrotes, otras naciones anunciaron la cancelación del ciclo escolar, de ahí que aún con todas las críticas de corte político sobre la estrategia del Gobierno federal de usar la televisión para llegar a más niños y lugares, se puede asegurar que esta decisión ha sido acertada porque busca preservar los Derechos Humanos que en jerarquía son más importantes, el derecho a la vida, a la salud y la educación.
En este sentido, las medidas extraordinarias tomadas para que un total de 30.5 millones de alumnos de educación inicial, preescolar, básica y media superior, continuaran sus estudios y su formación, son correctas toda vez que van encaminadas a garantizar el derecho a la vida y a la salud como prioridad a través de la educación a distancia.
A pesar de las críticas de grupos de padres de familia y organizaciones ligadas a partidos políticos y grupos magisteriales, y ante cualquier situación, se deben garantizar los principales derechos humanos.
El artículo 3° Constitucional establece el derecho a la educación laica y gratuita en todo el país, para todos sin ninguna distinción, y es por ello que el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), estableció diversos mecanismos, para que todos los estudiantes tengan acceso a la educación a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Es importante considerar que tanto la economía como los medios tecnológicos no son iguales para todos, por estos motivos, de acuerdo con la situación económica y zonas donde se encuentren los alumnos, se emplean según sea el caso, diversas tecnologías de la información y educación, ya sea por televisión, internet y una variedad de dispositivos, o bien los maestros buscan enseñarles a distancia, pero ningún estudiante se debe quedar sin el derecho a la educación.
Lo que es un hecho irrefutable legal y moralmente, es que se debe garantizar este derecho porque así lo establece nuestra Máxima Ley.
Estamos en medio de una situación inédita por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 que se vive en todo el mundo. Algunas disposiciones legales van a tener limitaciones o adecuaciones a la realidad, porque la creación de la ley va de acuerdo a la realidad histórica que viven las personas en ese momento, por estos motivos, algunas normas tendrán más impacto que otras.
Si bien ante esta situación extraordinaria se podría justificar interrumpir el ciclo escolar, no es el caso, porque no estamos en los supuestos que la Constitución determina para la suspensión de garantías o derechos humanos, ya que la educación es un derecho humano.
En consecuencia, regresar a clases a distancia, de forma no presencial, es sin duda un gran reto para alumnos, maestros y padres de familia, sin embargo, es una medida acertada con la que el Gobierno está garantizando este derecho, ya que la Secretaría de Educación Pública ha implementado diferentes mecanismos para que ningún estudiante se quede sin educación.
Con respecto a las familias que no tienen televisión o dispositivos tecnológicos para dar continuidad a las clases de los alumnos, es importante señalar que dentro de los mecanismos establecidos por la SEP se encuentra una planeación académica de acuerdo a cada caso y en este tipo de circunstancias específicas se les cita a los padres de familia de la comunidad para darles una guía de estudios y que los alumnos las realicen en casa, supervisados en determinados períodos de tiempo y con otras estrategias didácticas, por lo que legalmente no hay ninguna afectación ni violación.
Se debe tomar en cuenta que estamos viviendo una situación totalmente extraordinaria para la que nadie estábamos preparados.
Las instituciones están respondiendo con creatividad buscando dar solución a los situaciones que se están presentando, con todo esto legalmente no habría motivo para llegar a la conclusión de que hay una intencionalidad de incumplir con la Constitución.
Lo que deben hacer, personal docente, alumnado, las familias mexicanas y todos en general, es adecuarnos a esta nueva realidad, donde toda la sociedad debe cooperar, siempre prevaleciendo el interés superior de la niñez y demás derechos que marca la Convención de los Derechos de los Niños, firmada y ratificada por nuestro País.
