Representantes de las instituciones particulares de educación solicitan a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), que en virtud de las justificadas objeciones señaladas a lo largo de los tres meses anteriores, anule la posibilidad de publicación del proyecto de Norma 237 debido al vicio de origen contenido en su estructura, porque equipara al servicio educativo con un acto de comercio, poniendo en entredicho su esencia como servicio público, lo que implicará altos costos no sólo a los colegios, sino a una parte de la sociedad que deberá asumir incrementos en las colegiaturas para obtener una educación de calidad.
La Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), Alianza para la Educación Superior (ALPES), Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), Federación de Escuelas Particulares del Estado de México (FEPEM) y Educación con Rumbo (ECR), expresaron al comisionado presidente de la CONAMER, Alberto Montoya Martín del Campo, su compromiso a favor de que en nuestro país existan cada día mejores rutas para impulsar aún más la mejoría de la educación, hacia un nivel de avance desde el cual se estimulen todos los sectores para una mejor calidad de vida de las personas.
Sin embargo, insistieron en que definir a las escuelas particulares como establecimientos mercantiles en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), donde se gestó el proyecto de norma, cuando en el artículo 75 del Código de Comercio no contempla a los servicios educativos como un acto de comercio, “no sólo muestra la inexistencia de materia para generar una norma de tal envergadura, sino también pasa por alto que en los servicios educativos no existe especulación comercial, tampoco impera la intermediación y mucho menos son actos masivos”.
Incluso, Ludwig Johannsen de la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), quien dio lectura al comunicado, agregó que “el artículo 146 de la Ley General de Educación, así como en el Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública definen al servicio educativo como un servicio público”, por lo cual el proyecto de NOM 237 queda sin materia para convertirse en una regulación más de las muchas que ya tiene el sector educativo.
Los representantes de los colegios particulares solicitaron al comisionado presidente de CONAMER, Alberto Montoya Martín del Campo, observar en el periodo de análisis del proyecto de NOM 237 que termina el 15 de noviembre, que los servicios educativos ya están regulados por la Ley General de Educación (LGE) y su funcionamiento es atendido por el sector que corresponde en el Ejecutivo Federal o Estatal, que son las secretarías de Educación o instancias que cumplen con esa función.
La injerencia que pretende establecer la Secretaría de Economía es inapropiada e invade la función regulatoria de la Secretaria de Educación, amén de que el proyecto de NOM 237 propuesto desde la Secretaría de Economía es sobre regulatorio, añadió el director ejecutivo de ACOMM.
Norma Leticia León Montelongo, de la FEPEM y María del Pilar Martínez Aragón de la ANEPPI, agregaron que con el cierre de cerca de 18 mil escuelas, se quedarían sin trabajo más de 630 mil prestadores de los servicios educativos; a esto se sumarían el incremento en las tarifas escolares para que los colegios puedan cubrir los gastos de la certificación y los demás trámites ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
Alejandra Carmona, consejera de Educación con Rumbo, recordó que en el proyecto NOM 237 no existe la mínima evidencia de cumplir con los principios de Mejora Regulatoria y, por el contrario, implicará mayor regulación y inconmensurables costos económicos y sociales, y más que beneficios, acarreará graves perjuicios para la sociedad, los colegios y sus comunidades, porque muchos deberán cerrar sus puertas al quedar imposibilitados de pagar los costos de las certificaciones que tendrán.
Los representantes de las escuelas particulares realizaron un llamada no sólo a las escuelas, sino también a las organizaciones de padres de familia y ciudadanos en general a participar con sus comentarios al proyecto de NORMA 237 que se encuentra en CONAMER, para evitar un golpe a la educación de calidad que se imparte en los colegios particulares.
“La diferencia entre sociedades civiles y mercantiles radica en que éstas últimas lo hacen a través de la realización de actos de comercio —especulación comercial—, mientras que las civiles lo hacemos a partir de la ejecución de actividades que no estén relacionadas con el comercio, como los servicios profesionales o la propia prestación de servicios educativos”, señalaron.
Por lo que pidieron a la CONAMER que una vez cumplido el plazo de análisis el próximo día 15 y en virtud de las justificadas objeciones, anule la posibilidad de que el proyecto de norma 237 sea publicado por ser dañino para la sociedad mexicana en su conjunto.
