La International Chamber of Commerce (ICC) e Integrity Initiatives International (III), junto con 96 organizaciones de la sociedad civil de más de 50 países, han hecho un llamado a la Asamblea General de la ONU para que se cree un grupo de trabajo intergubernamental para que desarrolle propuestas sobre nuevos marcos y mecanismos que aborden las deficiencias de los actuales marcos legales internacionales contra la corrupción.
La corrupción es una de las causas subyacentes de algunos de los problemas más preocupantes del mundo, como el cambio climático, la crisis de los refugiados y el acceso a la asistencia médica y a la educación. También es uno de los principales impedimentos para solucionarlos.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) es el único tratado internacional jurídicamente vinculante centrado en la lucha contra la corrupción y ha sido ratificado por 187 Estados parte. A pesar de la adopción popular de la CNUCC, se han logrado pocos avances en la lucha internacional contra la corrupción desde su entrada en vigor en 2005.
A petición de Belice, Colombia, Nigeria, Noruega, Perú y Arabia Saudí, la ONU convocará una Sesión Especial contra la Corrupción del 2 al 4 de junio de 2021, durante la cual se adoptará una declaración política. Para que sea efectiva, la declaración debería incluir un mandato para establecer un grupo de trabajo centrado en la implementación de nuevas e innovadoras estrategias contra la corrupción.
Uno de los principales retos del marco jurídico internacional en la lucha contra la corrupción es la falta de esfuerzos para el cumplimiento de la ley de manera específica y constante. Es preocupante que las redes criminales, incluidos los jefes de Estado cleptómanos y otros funcionarios gubernamentales corruptos, lleven a cabo esquemas de corrupción multijurisdiccionales a costa de los ciudadanos a los que se suponen servir.
La mayoría de ellos no son procesados porque controlan la administración de justicia en los países que gobiernan. Reforzar los mecanismos de aplicación para implementar adecuadamente la CNUCC ayudaría a igualar las condiciones de los negocios honestos, a acabar con la impunidad de los cleptócratas y a permitir la reutilización y repatriación de los activos robados al servicio del público.
La ICC representa los intereses de más de 45 millones de empresas en todo el mundo.
La primera vicepresidenta de la ICC, María Fernanda Garza, señala: «Un objetivo clave de la ICC es garantizar la aplicación del Estado de Derecho para crear oportunidades equitativas para todos. El fortalecimiento de los mecanismos de aplicación de la CNUCC ayudaría a nivelar el campo de juego y reforzar la integridad, lo que es aún más importante ahora para una economía post-pandémica resiliente e inclusiva.»
Lanzada en 2016, III es una ONG centrada en la lucha contra la gran corrupción mediante el fortalecimiento de la aplicación de las leyes penales contra los líderes corruptos.
La vicepresidenta de III, Elaine Dezenski, dijo: «La aplicación de las leyes globales y nacionales contra la corrupción se ha retrasado durante muchos años. Aunque muchos, si no la mayoría, de los países tienen leyes y reglamentos anticorrupción en vigor, su escasa aplicación ha obstaculizado los avances en la lucha contra la corrupción en todo el sistema».
Con un esfuerzo global y coordinado de la sociedad civil, las empresas y los gobiernos, podemos hacer verdaderos progresos para que los actores corruptos rindan cuentas».
Para más información sobre la ICC, visite https://iccwbo.org/
Para más información sobre la III, visite https://www.
