Análisis a Fondo

Francisco Gómez Maza

· Nadie da razón de los asesinos

· Cambiar la cultura del privilegio

Es muy preocupante que el gobierno de López Obrador no haya mostrado aún eficacia en extremar la protección de los periodistas amenazados de muerte.

Ante la mirada de Alejandro Encinas, el encargado de los protocolos de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, desde la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, pasan los cadáveres de los colegas asesinados en este país.

Ya es una especie de lugar común afirmar que México es el país más peligroso para ejercer el oficio de reportero.

En lo que va de agosto, ya se ha conocido del asesinato de dos colegas en los estados de Guerrero y Michoacán. Y quién los mató, quién los mandó matar, nada. Dos crímenes que podrían quedar impunes como la inmensa mayoría de los casos de periodistas asesinados en este país, como los miles de desaparecidos, como los feminicidios.

En la semana que está concluyendo fueron asesinados dos periodistas más. Pablo Morrugares, la noche del sábado primero de agosto, en Iguala, en el estado de Guerrero, ciudad donde fueron secuestrados los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en 2014, caso que aún no se aclara. Y Luis Eduardo Ochoa, en Uruapan, estado de Michoacán.

Con estos dos casos, sumarían cinco asesinados a pesar de la pandemia de coronvirus.

Muchos periodistas se movilizan, denuncian los asesinatos, pero las fiscalías pareciera que no se preocupan por hacerle frente a este dia-bólico acto, perpetrado o por políticos, o por sicarios, o por delincuentes comunes.

Morrugares formaba parte del programa de protección gubernamental para reporteros amenazados. Ya había sido amenazado, junto a otros más, en una narcomanta.

En diciembre de 2019, el Comité para la Protección de los Periodistas informó desde Nueva York que México fue, en 2019, el país con más periodistas asesinados por su profesión.

La organización defensora documentó cinco asesinatos, lo que supone la mitad de todos los casos a nivel global.

El CPJ incluye en su listado a Francisco Romero Díaz, Norma Sarabia Garduza, Jorge Celestino Ruiz Vázquez, Nevith Condés Jaramillo y Rafael Murúa Manríquez.

Pero los datos del CPJ difieren de las cifras difundidas, también este martes, por Reporteros Sin Fronteras, que eleva a 10 la cantidad de periodistas asesinados el año pasado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registra 13 asesinatos.

Tomando en cuenta los 5 periodistas asesinados en lo que va de 2020, habrían sido asesinados en las últimas dos décadas unos 153 periodistas, han desaparecido 21. En la administración de Peña hubo 59 periodistas asesinados.

El relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, cree que las maldiciones del presidente López Obrador contra periodistas que lo cuestionan severamente, por supuesto, que tienen graves implicaciones: “Puede interpretarse como una señal que el círculo de violencia e impunidad puede perpetuarse”.

A DESFONDO: La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL participó, este miércoles 5 de agosto, en una conferencia organizada por el Foro Permanente de Política Exterior en la Universidad de Chile. La economista mexicana afirmó que estamos frente a un cambio de época y tenemos que cambiar el modelo de desarrollo basado en la cultura del privilegio.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL subrayó que la pandemia del coronavirus ha intensificado los problemas estructurales de la región latinoamericana y caribeña y la urgencia por cambiar el modelo de desarrollo.

El falso dilema entre salud y economía puede provocar una gran crisis en la región, por lo que hay que tener claro que siempre la salud está primero, advirtió.

“En la CEPAL no dejaremos de mencionar que la igualdad es fundamental para garantizar una recuperación económica y ecológicamente sostenible. La pandemia nos encuentra con un gran desencanto, con un enojo de parte de la sociedad ante la cultura del privilegio y la desigualdad, un modelo asociado a tres décadas de concentración de la riqueza y un deterioro ambiental muy fuerte”, enfatizó.

Bárcena afirmó que “la cultura del privilegio ha naturalizado las desigualdades y la discriminación. Por lo tanto, lo que requerimos no es un enfoque asistencialista o focalizado, sino un enfoque de empoderamiento y universal”, agregó.