CDMX, noviembre 2020.- Diputados locales presentaron una iniciativa para expedir la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, la cual tiene el propósito de construir un modelo de evaluación de políticas públicas innovadora, rigurosa y pionera.
Para ello se establecerán las directrices que permitirán fortalecer el diseño e impacto de las intervenciones públicas para ampliar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, abatir la pobreza, reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la ciudadanía.
La diputada Martha Ávila Ventura, coordinadora de MORENA, a nombre suyo y de sus compañeros resaltó los objetivos de la iniciativa: Regular la organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; establecer criterios y requisitos para la designación de las personas consejeras del Consejo de Evaluación.
Además, desarrollar los principales componentes del proceso de evaluación de políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión en materia de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, para contribuir a su mejora, con el fin de reducir la pobreza, las desigualdades y ampliar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Asimismo, establecer criterios para la elaboración de diversos indicadores que permitan evaluar y medir las políticas, programas, proyectos y acciones en desarrollo social, económico, urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, que contribuyen a la concreción del derecho a la vida digna.
La legisladora resaltó que se contará con indicadores que midan la evolución de la pobreza y los cambios en las desigualdades entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales, así como en qué grado se promueve el desarrollo sustentable y una mayor seguridad ciudadana.
Algunas de las características del modelo de evaluación que presenta la iniciativa son: Se incorpora una noción de la evaluación como un proceso integral del ciclo de las políticas públicas, el cual permite detectar aciertos o errores, omisiones, fallos, éxitos o limitaciones de las intervenciones gubernamentales y de las propias instituciones públicas.
También se establece que las recomendaciones deben emanar de los procesos de evaluación y tendrán por finalidad sustentar decisiones estratégicas, como la discusión presupuestal, las modificaciones de programas, políticas, acciones y proyectos de inversión.
Incluso se diseña un sistema de gobernanza para blindar la tarea evaluadora, protegiéndola de las interferencias políticas y garantizando la calidad de los resultados, de la evidencia y del conocimiento generado en la ciudad.
Esta iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su estudio y posterior dictaminación.
