Redacción
Ciudad de México – Al declarar la Huella Hídrica como un asunto de seguridad nacional, el Congreso local da un paso que podría marcar un parteaguas en la forma en que se concibe la gestión del agua. Pero esta declaración ambiciosa choca con una realidad compleja: fragmentación institucional, corrupción y una infraestructura hidráulica en ruinas.
México enfrenta una sequía estructural en múltiples regiones, con el Valle de México bajo alerta permanente. La sobreexplotación del acuífero metropolitano y la pérdida de más del 40% del agua en fugas hacen que la promesa de sustentabilidad suene lejana sin acciones contundentes y de largo plazo.
Especialistas como la doctora Julia Rivera, de la UNAM, advierten que “ningún sistema hídrico puede sostenerse sólo con innovación tecnológica. Se necesita una reforma profunda en la planificación urbana, el ordenamiento territorial y la gestión intergubernamental del recurso”.
Por eso, la pregunta es si el Legislativo está dispuesto a confrontar intereses poderosos: inmobiliarias que siguen construyendo sin control hídrico, industrias contaminantes, o la misma omisión histórica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
La Huella Hídrica puede ser un paso valiente, pero no será suficiente si no se traduce en políticas públicas coherentes, fiscalización efectiva y un verdadero cambio cultural hacia la gestión colectiva del agua.
