- El estudio comenzará con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2020 pasó de un programa de gobierno a un derecho constitucional.
- Esta labor estará a cargo de los institutos Belisario Domínguez y Gilberto Bosques, de la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar y del CONEVAL.
Con el propósito de mejorar la legislación mexicana y medir el impacto que tienen en la sociedad las leyes y reformas aprobadas, en el Senado de República se suscribió el compromiso de implementar mecanismos de evaluación entre el Instituto Belisario Domínguez, el Instituto Gilberto Bosques, la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Este acuerdo se derivó del Primer Congreso Internacional en Análisis de Impacto Legislativo, realizados recientemente y, producto de ello, el ejercicio de medición iniciará para tener certeza de los alcances que ha tenido la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2020 pasó de ser un programa sexenal a un derecho constitucional, abarcando a la población mayor de 68 años (y 65 años en población indígena).
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sen. Ricardo Monreal Ávila, señaló que ejercicios de evaluación ya se implementan en otros países del mundo como Suecia, Suiza y Noruega, y consideró que son necesarios en el sistema parlamentario del país a fin de mejorar la legislación mexicana y sus procesos.
En este sentido, el presidente del Instituto Belisario Domínguez, Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que es necesario someter el trabajo legislativo a resultados medibles y comparables, establecer mecanismos de autoevaluación para fortalecer la rendición de cuentas y que los legisladores se hagan responsables de las consecuencias de las leyes que proponen.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Bienestar, Sen. Marcela Mora Arellano, destacó la pertinencia de que la evaluación comience con dicha pensión, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para 2050, la cuarta parte de la población mexicana será mayor de 60 años.
“Las preguntas que queremos proponer tienen que ver con problematizar cómo se va a sostener económicamente ese sector, qué costo va a representar para este país, porque debemos prepararnos para afrontar estos retos que traerá el cambio demográfico”, indicó.
Finalmente, el Sen. Gilberto Herrera Ruiz, promotor del Primer Congreso Internacional en Análisis de Impacto Legislativo y de este trabajo de evaluación, detalló que este análisis tendrá una duración de máximo cuatro meses, deberá presentarse un informe para su aprobación y publicación por parte del Senado de la República, para saber qué significó cambiar la pensión del esquema de un programa a un derecho constitución, su impacto durante la crisis sanitaria del COVID-19 y si su implementación fue correcta.
“Ahora esta pensión es para personas de 68 años en adelante, por lo tanto, incluir a las personas de 65 años en general es una política y no pueden acudir al Poder Judicial para obligar al Ejecutivo a que se les otorgue. Son pendientes que quedarán para la Comisión de Desarrollo Social observar si también debe ampliarse a esa edad, qué necesidades económicas involucrará, el impacto económico y social, y el alcance en la justicia social que se está buscando”, expresó el legislador Herrera Ruiz.
Durante la firma de este acuerdo, también estuvieron presentes la Dra. Perla Carolina Gris Legorreta y el Mtro. Rodrigo Ávila Barreiro, encargada de la Dirección de Estudios Estratégicos y secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez, respectivamente, así como el secretario ejecutivo del Coneval, Dr. José Nabor Cruz Marcelo.
