Un tribunal federal de Manhattan negó este jueves al gobierno de Donald Trump la posibilidad de excluir a los inmigrantes indocumentados del censo nacional que se está elaborando en Estados Unidos, un revés para el mandatario y su lucha contra la inmigración ilegal.
Realizado cada diez años, el censo contabiliza a todas las personas presentes en Estados Unidos, incluidas aquellas que se encuentran en situación irregular.
La encuesta permite determinar la representación de los distintos estados en el Congreso, pero también calibrar la asignación de varios cientos de miles de millones de dólares en fondos federales según la población de cada estado.
A fines de julio, los fiscales de muchos estados, incluido el de Nueva York, emprendieron acciones legales para cuestionar el derecho del gobierno de Trump a no contar a los inmigrantes indocumentados.
Muchos también temieron que esta medida redujera la participación en el censo de personas en situación irregular, ya frágil de por sí, porque muchos de ellos temen erróneamente exponerse a una deportación si responden a las preguntas.
En su fallo del jueves, los tres jueces federales dictaminaron que la medida gubernamental era ilegal.
Esa decisión, escribieron en su sentencia, supone una «violación» de la delegación otorgada por el Congreso al presidente de «contar a todas las personas de cada estado».
No podemos permitir que la Casa Blanca instigue el miedo y la xenofobia para evitar que se nos cuente», dijo el jueves la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, elogiando un «nuevo gran éxito».
Al anunciar su medida, refutada el jueves, Trump dijo que se negaba a «dar representación parlamentaria a los extranjeros que ingresen o permanezcan en este país ilegalmente, porque eso crearía incentivos perversos y minaría (el) sistema de gobierno» estadounidense.
La Corte Suprema dictaminó ilegal el año pasado la decisión del gobierno de solicitar la nacionalidad de los participantes en el censo, una pregunta que no se había formulado desde hace más de 60 años.
