La empresa Fisamex y su dueño, Manuel García Soto, fueron acusados del delito de concusión, por cobros indebidos de servicios en Baja California.
Esta es la tercer denuncia contra Manuel García Soto, en menos de dos meses, la primera fue por acoso sexual de una trabajadora, que se encuentra radicada en la Fiscalía del Estado, la segunda es por enriquecimiento ilícito y ahora está con el delito de concusión.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha identificado a 450 empresas que podrían demandar después de que les hicieron cobros indebidos de agua, ya que el pago se ha requerido en términos fuera de la ley.
El delito está en el Código Penal Federal en el artículo 218, que indica que comete el delito de concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.
Y señala que Manuel García Soto podría ser sancionado cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.
Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.
Incluso, el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, quien asesora al CCE, manifestó que los cobros que han ejecutado los organismos operadores de agua de cada municipio en la entidad, son fuera del marco legal, por lo que las empresas afectadas pueden demandar para que se les regrese lo que pagaron.
Manuel García Soto y su empresa Fisamex fueron denunciados por utilizar a la Función Pública del Gobierno de BC de Jaime Bonilla con cortes de agua a empresas que no paguen las extorsiones por cobros.
Incluso, el presidente del CCE de Tijuana, Gabriel Camarena y el de Mexicali, Rodrigo Llantada, nuevamente solicitaron cordura por parte del gobierno del estado a la hora de hacer esos cobros.
Aseguraron que es correcto que se cobre lo pendiente, pero dentro de la legalidad, en donde además debe de otorgarse el derecho de defensa y no solo amenazar con cortar el servicio.
Solís Farías indicó que los servidores públicos en conjunto Fisamex, que fue creada para realizar los cobros, no han respetado los mecanismos y lineamientos jurídicos para solicitar los pagos pendientes.
