Redacción
CDMX, 7 de agosto de 2025. — En lo que algunos ya califican como una medida populista, el Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones una reforma constitucional que prohíbe y sanciona el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, además de su producción y distribución.
La iniciativa fue presentada por el morenista Alberto Vanegas y es parte de una serie de reformas con las que se busca “fortalecer el derecho humano a la salud”, según sus promotores. La propuesta será votada próximamente en el periodo extraordinario de sesiones.
Aunque el argumento central gira en torno al aumento del consumo adolescente —que, según cifras oficiales, creció del 2.6% al 4.6% en apenas un año—, el enfoque del Congreso capitalino ha sido duramente criticado por su falta de proporcionalidad.
“El uso de dispositivos electrónicos para fumar no puede tratarse con el mismo marco legal que sustancias como el fentanilo. Esto no es política de salud, es demagogia legislativa”, denunció el académico Salvador Méndez, especialista en políticas de control de tabaco.
La medida también ha levantado alertas por sus implicaciones legales y sociales: se castiga el uso individual, sin diferenciar entre adultos y menores, ni entre uso ocasional o habitual, y sin establecer rutas claras de prevención, tratamiento o educación.
El problema de fondo, advierten analistas, es que esta decisión ignora el enfoque de reducción de daños que se aplica en muchos países desarrollados, y que promueve el uso de dispositivos menos dañinos como una alternativa al cigarro convencional.
Más que proteger, esta prohibición podría tener efectos negativos no previstos: empujar a los jóvenes al tabaco tradicional o abrir espacio a productos de peor calidad en el mercado ilegal.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿es esta una política pública seria o simplemente una jugada mediática para ganar puntos políticos?
