Por Arturo Gutiérrez
CDMX, 11 abril 2026.- El retiro de monumentos en la Ciudad de México podría dejar de depender de decisiones discrecionales de alcaldes o funcionarios, si prospera la iniciativa presentada este viernes en el Congreso capitalino para obligar a consultas y dictámenes colegiados antes de cualquier intervención en esculturas y obras artísticas urbanas.
La diputada Diana Sánchez Barrios propuso una reforma integral para impedir que alcaldías actúen de manera unilateral en la remoción, traslado o colocación de monumentos, luego de la polémica generada por el retiro de las esculturas del “Che” Guevara y Fidel Castro en Cuauhtémoc.
La iniciativa plantea crear procesos democráticos obligatorios donde participen ciudadanos, vecinos y especialistas antes de tomar decisiones sobre obras instaladas en espacios públicos, bajo el argumento de que el patrimonio cultural pertenece a la sociedad y no a una sola autoridad.
El proyecto incorpora mecanismos institucionales para garantizar representación comunitaria real en estos procesos, incluyendo criterios de paridad de género y presencia de grupos históricamente marginados, con el fin de evitar que el espacio público sea utilizado como instrumento de confrontación política.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que las resoluciones adoptadas sin participación ciudadana formal quedarían invalidadas, convirtiendo la consulta pública en requisito legal indispensable.
El caso Cuauhtémoc fue citado como ejemplo de los vacíos normativos actuales, al considerar que permitió una acción administrativa sin deliberación colectiva previa, pese al impacto simbólico y cultural que implica alterar monumentos ligados a la memoria urbana.
De aprobarse, la reforma modificaría la relación entre gobierno, ciudadanía y patrimonio histórico en la capital, al trasladar estas decisiones del ámbito unilateral al terreno de la deliberación pública obligatoria.
