A más de una década de la muerte de la empresaria y mujer de fe, Socorro Romero Sánchez, afincada en Tehuacán, Puebla, aunque originaria del estado de Oaxaca, sus familiares más cercanos siguen en la disputa por su cuantiosa herencia de más de 600 millones de dólares. La finada empresaria, mujer de alta ética y valor moral no ha dejado de estar en la opinión pública gracias al pleito entre las familias Celis Romero y Romero Crespi, conformadas por sus sobrinos y sobrinos nietos quienes luchan a toda costa, y al precio que sea por adueñarse de la fortuna.
El juicio que pudo pasar inadvertido para la opinión pública, cobró relevancia porque dentro de la parte demandante sobresale el nombre de la Diputada Federal del partido MORENA, la conocida Olga Lucía Romero Crespi. Cuando la parte demandante actuó, el proceso testamentario estaba totalmente concluido.
A pesar de que, el actuar de la diputada Mónica Caballero Garcí-Crespo, hoy conocida como Olga Lucía Romero Garcí-Crespi, debiera estar regido por la Constitución Federal y local y por la Ley General de Responsabilidades, la funcionaria ha abusado de su puesto para ralentizar el proceso y favorecer sus intereses personales, todo amparándose en su derecho ciudadano para velar por sus intereses, como cualquier ciudadano común; pero ayudándose, de los privilegios que le representa su cargo en el gobierno estatal.
Romero Garci-Crespo ha actuado bajo conflicto de interés, con abuso de poder y tráfico de influencias en su propia causa precisamente porque la diputada y parte de su grupo de abogados que conforman la parte acusadora en los juicios intertestamentarios abiertos, son funcionarios públicos del actual gobierno del estado de Puebla. Valiéndose de su poder, han escondido documentación, falsificado pruebas y otras acciones ilegales que inclinen el juicio intertestamentarios de la fortuna de la Señorita Socorro Romero Sánchez en favor de la familia demandante. Romero-Crespi.
Por su lado, la defensa, los herederos universales de la SEÑORITA, y la sociedad poblana en general, exigen que se haga justicia y se tomen las acciones legales pertinentes para que los legítimos dueños tomen posesión de su herencia. Las acciones fuera de la ley perpetradas por funcionarios públicos, también deben ser sancionados conforme a derecho para salvaguardar la paz social. Limpiar la casa desde adentro.
