Por Arturo Gutiérrez
– La propuesta de Brugada contempla atender servicios impuestos mediante coacción, conflictos vecinales y otras conductas antes de que escalen a delitos. Incluye centros comunitarios llamados Calpullis de Paz.
Ciudad de México, 19 octubre 2026.— Los servicios de franeleros acompañados de coacción, las riñas y la intimidación figuran entre las conductas que la Secretaría de Seguridad Ciudadana propone priorizar dentro del nuevo modelo de justicia cívica impulsado por el Gobierno capitalino.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que la reforma a la Ley de Cultura Cívica busca detectar conflictos desde las colonias, intervenir antes de que se agraven y agilizar la presentación de personas ante los juzgados.
Entre las conductas mencionadas por el funcionario están las provocaciones, altercados, maltrato, consumo de alcohol y sustancias en espacios públicos, así como servicios no solicitados que se impongan mediante coacción, asociados con algunas prácticas de franeleros.
También incluyó maltrato animal, utilización imprudente de objetos peligrosos, daños, pintas y disposición de basura y desechos.
La estrategia, señaló, concentraría recursos en aquellas conductas con mayor posibilidad de convertirse en conflictos graves o delitos.
Calpullis de Paz para conflictos vecinales
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que la iniciativa contempla crear Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, que su administración denominaría Calpullis de Paz.
Estos espacios podrían instalarse en Utopías, PILARES y otros centros comunitarios para ofrecer mediación, conciliación y mecanismos de justicia restaurativa, tanto presenciales como virtuales.
“Queremos que los conflictos cotidianos tengan soluciones cotidianas, cercanas, rápidas y pacíficas”, expresó la mandataria.
El objetivo es que los desacuerdos entre vecinos puedan atenderse cerca de sus domicilios, sin que necesariamente lleguen a un juzgado o deriven en violencia.
La propuesta incorpora jornadas itinerantes de justicia cívica y seguimiento de acuerdos, que podrían incluir reparación económica, material o simbólica, compromisos de no repetición y acciones comunitarias.
Policías pasan hasta cinco horas en juzgados
Vázquez Camacho señaló que actualmente una presentación ante un juzgado cívico puede mantener a un policía y a su patrulla entre cuatro y cinco horas fuera de las calles.
Con audiencias orales, procedimientos más ágiles y herramientas virtuales, la administración buscaría reducir esos tiempos y recuperar capacidad de patrullaje.
Como ejemplo de asuntos que podrían atenderse mediante audiencias virtuales, mencionó los conflictos por vehículos chatarra en unidades habitacionales, cuyo retiro puede requerir la intervención de vecinos y autoridades.
El secretario también informó que recientemente se abrió un centro de sanciones administrativas en San Fernando, adicional al conocido como El Torito, en Miguel Hidalgo.
Prevén recursos para juzgados en 2027
Brugada adelantó que su gobierno contempla recursos en el presupuesto del próximo año para mejorar las instalaciones de los juzgados cívicos y reforzar su personal, incluidos los servicios de valoración médica.
El nuevo modelo también prevé talleres de prevención de violencia, atención psicológica, tratamiento de adicciones y vinculación laboral, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada caso.
“Queremos pasar de una justicia que castiga después, a una justicia que previene antes”, afirmó.
La reforma permanece como iniciativa ante el Congreso capitalino, donde deberá discutirse antes de que los cambios propuestos puedan entrar en vigor.
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