Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, 17 de abril de 2026.
Edith Guadalupe Valdés, de apenas 21 años, salió de su casa en Iztapalapa para buscar trabajo. Horas después, terminó asesinada y enterrada en el sótano de un edificio en la alcaldía Benito Juárez. El caso ha desatado indignación y una ola de cuestionamientos contra las autoridades capitalinas.
La fiscal Bertha Alcalde Luján confirmó que la joven ingresó sola a un inmueble sobre Avenida Revolución el pasado 15 de abril y nunca volvió a salir. Su cuerpo fue hallado hasta la madrugada del 17, oculto bajo un montículo de arena, con signos de violencia.
Aunque desde un inicio la familia aportó datos clave sobre su posible ubicación, la intervención de las autoridades ocurrió horas después, lo que hoy levanta sospechas sobre omisiones críticas en la búsqueda.
Peor aún: familiares denunciaron posibles actos de corrupción y retrasos injustificados. La propia Fiscalía reconoció la gravedad de estos señalamientos y abrió una investigación interna, separando a personal involucrado.
El caso no solo expone la brutalidad del feminicidio, sino una pregunta incómoda: ¿qué falló en el sistema cuando había pistas claras y el tiempo corría en contra de una joven desaparecida?
Hoy, la exigencia es clara: justicia para Edith y castigo no solo para el agresor, sino para cualquier autoridad que haya fallado.
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