• Senadoras y diputadas piden a las autoridades mexicanas, enfocarse en solución de problemas que sí son prioritarios en México.
• INMUJERES busca incluir derechos sexuales y reproductivos que comprenden el aborto, el placer sexual y la privacidad de los servicios para los menores de edad sin acompañamiento de sus padres.
En el marco del 65 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW por sus siglas en inglés), diputadas y senadoras de diversos grupos parlamentarios exhortaron a los titulares de la Misión Permanente de México ante la ONU, la SRE y el INMUJERES, a apegarse a criterios de transparencia con la información y que generen condiciones de participación igualitaria para quienes también integran la Delegación Mexicana en la CSW.
Las legisladoras, entre las que se encuentran la Senadora Indira Rosales del Pan y las diputadas Claudia Balderas de Morena, Mariana Rodríguez Mier y Terán del PRI, Verónica Sobrado y Josefina Salazar del PAN, reclamaron a las autoridades mexicanas, que no desdibujen la realidad mexicana en la arena internacional. También, solicitaron a las autoridades mexicanas, enfocarse en la construcción de propuestas que encuentren cauce o solución a los problemas que sí son evidentes y prioritarios en México y que no parecieran comenzar a resolverse.
Explicaron el escenario derivado de la propagación del virus Sars-CoV2, donde los efectos de la pandemia de acuerdo con cifras oficiales, aumentará un 37.4% en 2021 la tasa de pobreza entre las mujeres. Por esta razón, es que se criticó la postura de las representantes del Gobierno de México ante la CSW, puesto que hacen énfasis público a favor de una agenda de conceptos que no es acorde con el marco regulatorio que nos rige como país, ni con el propio lenguaje internacional acordado.
Las diputadas y senadoras “rechazan específicamente lo que se pidió en voz de la Presidenta del INMUJERES, ampliar y defender los derechos y reconocer la autonomía de las mujeres para tener un papel activo que garantice que los derechos de las mujeres estén en el centro de todas las políticas, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos”.
Hicieron énfasis sobre los Tratados Internacionales que México ha suscrito, en los que no se exige la educación sexual integral; por el contrario, reafirman el derecho de los padres a asegurar la educación de sus hijos. La gran problemática de incluir los “derechos sexuales y reproductivos” es que no hay información concisa de su contenido y alcances, es terminología ambigua y confusa que presenta un gran número de contradicciones con la legislación nacional vigente y aplicable, señalaron.
En la mayoría de las aproximaciones que se hacen a estos “derechos”, se incluye el aborto, la educación sexual integral, el placer sexual y las condiciones que permitan una sexualidad placentera, tener hijos, el matrimonio, privacidad de los servicios para los menores de edad sin acompañamiento de sus padres, entre otros.
Por este motivo, senadoras y diputadas proponen una conclusión en la que se hable de salud sexual y reproductiva, toda vez que sí haya referencia a estos últimos dentro de la Conferencia Internacional
Sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo y en la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer en Beijing y sus revisiones. En estos, se hace referencia expresa a la negativa de incluir los “derechos sexuales” y otros conceptos que pudieren incluir el aborto como un derecho o un método de planificación familiar.
