Por Dana Rodríguez
Ciudad de México, 13 de julio de 2026. La diputada del PAN Liz Salgado urgió al Congreso de la Ciudad de México a dictaminar la iniciativa de Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas Neurodiversas, presentada desde octubre de 2024, al considerar que la capital necesita un marco legal integral para garantizar los derechos de las personas neurodivergentes.
La legisladora sostuvo que las políticas públicas no deben atender por separado condiciones como el TDAH, el autismo, la dislexia o la dispraxia, sino reconocerlas dentro de una estrategia integral que fortalezca la inclusión social, educativa y de salud.
«No se trata de legislar el TDAH por un lado, el autismo por otro, la dislexia por otro o la dispraxia de manera aislada. Se trata de reconocer los derechos de todas las personas neurodivergentes mediante una legislación integral», enfatizó.
Salgado contextualizó su llamado tras la primera marcha de concientización sobre el TDAH realizada en la Ciudad de México, la cual, dijo, permitió visibilizar las dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a diagnósticos, tratamientos especializados y espacios educativos libres de discriminación.
La diputada recordó que el Congreso capitalino trabaja en una nueva legislación sobre autismo tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la ley anterior por no realizar la consulta obligatoria a personas con discapacidad.
En ese proceso, consideró indispensable ampliar el alcance de la discusión para incluir a todas las personas neurodivergentes y garantizar políticas públicas permanentes.
La iniciativa promovida por la legisladora plantea acciones para impulsar el diagnóstico temprano, fortalecer la inclusión educativa, capacitar a instituciones públicas, ampliar la atención especializada y asegurar recursos presupuestales para atender esta población.
Finalmente, Liz Salgado afirmó que el Estado debe asumir un papel más activo frente a esta realidad.
«Hoy muchas familias siguen enfrentando solas esta realidad. No basta con el esfuerzo de madres, padres y organizaciones civiles; el Estado tiene la responsabilidad de construir instituciones, programas y políticas públicas que les permitan desarrollar todo su potencial», puntualizó.
