La juez federal María del Socorro Castillo Sánchez tiene privado de la libertad injustificadamente a Rafael Méndez Valenzuela, quien fue víctima de tortura por agentes del Estado Mexicano y que tribunales internacionales han girado recomendaciones al Poder Judicial de la Federación para que lo liberen.
El abogado Sergio Arturo Ramírez, quien asumió la defensa del procesado, informó que Rafael Méndez Valenzuela, ya compurgó sentencia; sin embargo, la Corte ordenó reponer el procedimiento debido a violaciones al debido proceso, situación que ha mantenido dos años adicionales a la sentencia que compurgo el afectado.
Judith Valenzuela, madre del detenido, expuso el caso ante el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien junto con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometio llevar el caso ante el poder judicial federal para que lo analice y de ser el caso decrete inmediata libertad.
«Le han hecho cuatro pruebas de Estambul, que han determinado que fue torturado, lo sentenciaron a 10 años y en 2018 hubiera salido, pero no entiendo la razón por la que en 2020 él sigue preso, si quieren a alguien preso, que me lleven a mi, porque mi hijo debe de salir con su nombre limpio y en paz», señaló la madre.
El jurista Sergio Arturo Ramirez, señaló que Rafael sigue preso debido a que la juez María del Socorro Castillo Sánchez no ha resuelto emitir sentencia condenatoria o absolutoria «lo han llevado de dilación en dilacion».
El penalista recordó que dicha juez actúa no sólo en el presente caso con indiferencia y dilación ya que ha sido la encargada de juzgar los casos de tortura de la organización criminal Guerreros Unidos a la que la entonces PGR culpo del secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Atozinapa Guerero.
Explicó que independientemente de la noble gestión de López Obrador y la Secretaría de Gobernación recurrirán a estancias ínternacionales para denunciar la mala imoarticion de justicia de la juzgadora que mantiene encarcelado a quien la entonces Agencia Federal de Investigación y Ejército Mexicano le fincaron responsabilidades de manera irregular con acusaciones falsas por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Incluso dejó ver la posibilidad de emprender una serie de movilizaciones sociales para denunciar no sólo a la juez y la injusticia que está cometiendo, sino además hacer público otro caso más de los tantos que «armó» Genaro García Luna, ex titular de Seguridad Pública Federal y del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
