Por Dana Rodríguez
- Diputados de Morena proponen que el Código Penal considere la inmovilización del vehículo, los gastos de reparación y la pérdida de una herramienta de trabajo.
CDMX, 22 septiembre 2026.- El precio de un espejo, un faro, un catalizador o una computadora automotriz determina actualmente parte de la sanción por el robo de autopartes en la Ciudad de México, pero no refleja el daño económico y personal ocasionado a las víctimas, advirtieron los diputados Xóchitl Bravo Espinosa y Alberto Martínez Urincho.
Los legisladores de Morena presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal capitalino y sancionar el robo de vehículos y piezas con criterios que no dependan exclusivamente del valor comercial del objeto sustraído.
De acuerdo con el proyecto, el perjuicio también incluye el costo de reparación, el tiempo durante el cual el automóvil permanece inmovilizado y la pérdida de ingresos cuando la unidad es utilizada como herramienta de trabajo.
El riesgo puede ser mayor cuando los delincuentes sustraen componentes relacionados con la seguridad o el funcionamiento del vehículo.
“El robo de un faro, un espejo, una computadora o un catalizador se mide por el precio de la pieza, no por el daño que causa a la víctima”, expusieron los legisladores.
Baja denuncia favorece un mercado rentable
Bravo y Martínez reconocieron que muchas personas no denuncian el robo de autopartes debido al tiempo requerido para realizar el trámite, la percepción de poca efectividad y la baja probabilidad de recuperar las piezas.
Esta combinación, señalaron, convierte la actividad en un delito frecuente, con pocas posibilidades de sanción y altos márgenes de ganancia para las redes que compran y revenden los componentes.
Los legisladores sostuvieron que la respuesta institucional se concentra generalmente en quien comete directamente el robo, considerado el “eslabón más débil” y fácilmente reemplazable dentro de las organizaciones.
Mientras tanto, quienes financian las operaciones, administran bodegas, desmantelan vehículos o venden las piezas pueden evitar una responsabilidad penal proporcional a su participación.
Venta física y digital quedaría bajo nuevas reglas
La iniciativa plantea crear delitos específicos para el desmantelamiento, la transformación, la posesión, el traslado y la comercialización ilícita de vehículos y autopartes.
La propuesta abarcaría tanto los puntos de venta físicos como los canales digitales utilizados para ofrecer componentes de procedencia ilegal.
Según sus promotores, esta separación permitiría al Ministerio Público investigar individualmente cada etapa del negocio y evitar que conductas diferentes sean procesadas únicamente como encubrimiento por receptación.
El proyecto también busca eliminar la dispersión de normas, establecer agravantes y proteger a los compradores que acrediten haber adquirido una pieza de buena fe.
Las modificaciones todavía no están vigentes. Primero deberán ser estudiadas por las comisiones correspondientes del Congreso de la Ciudad de México, donde se determinará si son viables y qué sanciones se aplicarían en cada caso.
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